En el Perú no existe actividad tan polémica como la minería, su alta rentabilidad es siempre contrastada con la contaminación que causa al medio ambiente. Y no es para menos, por muchos años, las grandes mineras contaminaron pueblos, ríos, cultivos y ganados que estaban cerca a la zona de extracción. El gobierno hizo oídos sordos a los reclamos de la población y dejó a miles de ciudadanos en la miseria, abandonados y sin recibir ayuda alguna por la depredación de sus tierras, sin contar las malformaciones con las que nacían sus hijos y la constante presencia de problemas de salud -mayormente relacionadas al bloqueo del sistema respiratorio-.
Sin embargo, con el devenir de los tiempos, la responsabilidad social y la preocupación por el daño causado al medio ambiente han sido tomados en cuenta por las grandes empresas mineras. Muchas de ellas hacen esfuerzos, invirtiendo millones de dólares, para contaminar lo mínimo posible y respetar la cosmovisión de los pobladores aledaños a la zona de extracción. Este cambio no se debe a una toma de conciencia por parte de las empresas, es sólo consecuencia de la economía y la preocupación de los grandes empresarios por ser percibidos positivamente ante la opinión pública.
Ante este panorama y el alza de precios en los minerales, especialmente el oro, muchos pobladores decidieron no llegar a un acuerdo con estas grandes mineras, pues consideraban que estaban siendo estafados con el dinero que percibían por canon minero -millones de dólares que son ínfimos si los comparamos con lo obtenido en la extracción por parte de las grandes mineras-. Ante este problema, empezó la llamada "minería informal" que es tan sólo un eufemismo para la "minería ilegal" por razones que a continuación expresaremos.
La extracción de minerales, con un mínimo de contaminación al medio ambiente, es sólo posible si se lleva a cabo con los equipos y los implementos de seguridad adecuados. Los mineros ilegales sólo se preocupan por extraer el oro u otros minerales, sin tomar en cuenta los pasivos ambientales que resultan de su actividad. La gran minera respeta las horas de trabajo y los salarios de cada trabajador, los dueños de las mineras ilegales practican el llamado "cachorreo", que consiste en 20 días de trabajo para el dueño -donde los trabajadores no perciben ningún salario- y 10 días para ellos -recibiendo dinero de acuerdo a lo que extraigan en ese lapso-. Las grandes empresas formales se adaptan a las leyes peruanas, cumpliendo todos los requisitos laborales, ambientales y de salud que exigen los entes vinculados a esta actividad. La llamada minería informal no respeta la salud de sus trabajadores, permite la explotación de menores -tanto en las minas como en bares, donde muchas menores ejercen la prostitución- y ejercen su ilegal negocio sin rendirle alguna retribución al Estado.
Como vemos, la minería ilegal no es solución alguna para la pobreza y el atraso de las comunidades más alejadas de nuestro país. El gobierno debe tomar las medidas respectivas en este tema, involucrando a todos los entes que estén relacionados -directa o indirectamente- con el tema. En vez de enfrentar con gases lacrimógenos a las masas aturdidas por la pobreza y el olvido, debe buscar un diálogo que involucre a todos los actores sociales a favor de la concertación y el verdadero desarrollo de nuestro pueblo.
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